Una empresa puede alcanzar ventas elevadas y seguir registrando pérdidas, o disponer de activos valiosos y tener dificultades para cumplir sus obligaciones, por lo que la reestructuración comienza por analizar las causas del problema y relacionar los resultados financieros con los métodos operativos, las decisiones y los contratos existentes.
El diagnóstico exige revisar la rentabilidad de las actividades, los costes operativos, la antigüedad de las cuentas por cobrar, la política de crédito, los compromisos contractuales y la distribución de facultades, pues el problema puede proceder de precios inadecuados, una expansión poco planificada, retrasos en el cobro u obligaciones que agotan la liquidez.
Este análisis permite determinar las medidas adecuadas, como reorganizar una actividad, revisar las condiciones contractuales, mejorar el ciclo de cobro o negociar obligaciones existentes, evaluando también el efecto de cada medida sobre los derechos de los trabajadores, los acreedores y las contrapartes comerciales.
El procedimiento de reestructuración financiera regulado por la Ley de Quiebras saudí tiene sus propias disposiciones y requisitos y busca facilitar un acuerdo con los acreedores bajo la supervisión de un administrador del procedimiento, por lo que debe distinguirse de un plan ordinario de recuperación administrativa y operativa.
El valor del plan se manifiesta cuando se definen las responsabilidades de ejecución, los plazos y los indicadores de medición y se supervisan sus efectos sobre la liquidez, la rentabilidad y las obligaciones, ya que la continuidad de la empresa exige abordar las causas de las pérdidas preservando las bases de una actividad viable.
