Algunas empresas amplían sus actividades, sucursales e inversiones mientras mantienen la organización jurídica y administrativa de sus inicios, y esta expansión puede provocar un solapamiento de facultades, la distribución de activos y contratos entre varias entidades y una mayor complejidad en la toma de decisiones.
La estructuración comienza por comprender el funcionamiento de la empresa, sus fuentes de ingresos y sus obligaciones, para después definir la relación entre propiedad, dirección y operaciones, identificando qué entidad posee un activo, cuál celebra un contrato, quién asume un gasto y quién está facultado para aprobar un compromiso.
Cuando un grupo desarrolla actividades comerciales, industriales e inmobiliarias, la relación entre ellas merece un análisis específico sobre la conveniencia de reunirlas en una sola entidad o distribuirlas entre sociedades, la prestación y financiación de los servicios compartidos y sus efectos sobre los contratos, las licencias y los derechos existentes.
La estructuración se completa con documentos constitutivos adecuados, una regulación clara de las relaciones entre socios, facultades de aprobación aplicables en la práctica e informes que permitan a la dirección supervisar cada actividad.
La importancia de esta labor reside en que la empresa pueda expandirse mediante decisiones claras, definir responsabilidades, gestionar riesgos y preparar su actividad para la entrada de un inversor, una transmisión de la propiedad o el desarrollo de fuentes de financiación.
